El debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 se inició hace más de dos años y el proyecto gubernamental, en sus diferentes versiones, no ha logrado un consenso que le permita darle un trámite exitoso en el Congreso de la República. Entre tanto, el...
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El debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 se inició hace más de dos años y el proyecto gubernamental, en sus diferentes versiones, no ha logrado un consenso que le permita darle un trámite exitoso en el Congreso de la República. Entre tanto, el movimiento estudiantil ha cobrado fuerza y capacidad de negociación hasta el punto de convencer al Gobierno de retirar el proyecto y resignarse, quizá, a que en el próximo se hagan mejor las cosas. Haría falta que el Gobierno expresara más claramente cómo concibe el papel de la universidad en el desarrollo del país, qué importancia le otorga a la formación del talento humano e identificara con más tacto las estrategias que le permitirían mínimos consensos sociales sobre los principios, objetivos y mecanismos de acción para la configuración de un sistema de educación superior sólido, diferenciado, incluyente, bien financiado y eficiente. El debate ha sido abierto desde principios de marzo de 2011, pero la concentración del debate en la finan
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